El veto del Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, al proyecto que buscaba corregir el sistema tributario sobre apuestas online volvió a encender la tensión entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Mientras el Gobierno insiste en que la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) implicaría un “grave perjuicio fiscal”, desde el plano jurídico y constitucional cuestionaron duramente los argumentos oficiales. Uno de los principales críticos del Decreto Legislativo 1644, que introdujo el tributo a operadores no domiciliados (internacionales), es el abogado constitucionalista Carlos Fonseca Sarmiento, CEO del estudio local Gaming Law.
En diálogo con SBC Noticias, compartió por qué considera que esta norma es abiertamente inconstitucional y por qué el reciente veto presidencial “perpetúa el caos” en la industria.
Así, Fonseca sostuvo que el Decreto Legislativo 1644 vulnera tres pilares de la Constitución peruana: la reserva de ley, la igualdad y la no confiscatoriedad. Como explicó, la norma ni siquiera define con claridad el “hecho generador del impuesto”, ya que menciona los juegos a distancia y las apuestas deportivas online, pero no los incorpora expresamente como objeto del tributo. “Eso no es negociable en una ley tributaria”, subrayó.
A esto se suma lo que para el abogado es el mayor problema de fondo: la falta de capacidad contributiva. “Los impuestos deben tener como base la riqueza. Si no hay riqueza, no hay impuesto. Gravar una apuesta hecha con un bono promocional, donde no se gasta dinero real, es como cobrar por un premio antes de saber si ganaste”, argumentó.
Además, el tributo solo se aplica a los jugadores que operan en plataformas extranjeras, lo que en su visión, viola el principio de igualdad tributaria del artículo 74 de la Constitución. “Este esquema no solo rompe la equidad: es una receta para la inconstitucionalidad en cualquier país que se tome en serio el Estado de derecho”, advirtió.
El veto en Perú “exprime impuestos a toda costa”
Para el Ejecutivo, reducir la base imponible del ISC sin modificar su tasa implicaría “una caída de hasta el 95 por ciento en la recaudación, lo que dejaría sin efecto su propósito fiscal”. El MEF calcula que la pérdida sería de hasta 270 millones de soles anuales. Fonseca, sin embargo, rechazó esta estimación.
“No es un argumento serio. Hablar de catástrofe fiscal por reducir una base mal diseñada revela la verdadera motivación del Ejecutivo: exprimir más impuestos, a toda costa”, acusó. Y señaló una contradicción clave: mientras el gobierno dice preocuparse por los efectos sociales del juego, los fondos previstos desde 2002 para políticas públicas en esta área nunca fueron ejecutados. “¿Cuántas veces se reunió la Comisión Nacional de Prevención y Rehabilitación de Personas Adictas a los Juegos de Azar? Ninguna. ¿Cuánto se transfirió? Cero”, denunció.
En cuanto al impacto del veto sobre el ecosistema del juego online en Perú, Fonseca aclaró: “Solo perpetúa el caos”. De esta forma, consideró que la medida desincentiva la permanencia de operadores serios en el sistema formal, minando el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que venía avanzando en la formalización del sector.
“Cada paso que avanza MINCETUR lo revienta el MEF, como si jugaran en equipos contrarios”, afirmó. Y agregó que el efecto puede ser contraproducente: mayor mercado negro, menos control estatal y, paradójicamente, menor recaudación.
“Lo que sí hay que reconocer y admirar públicamente del MEF es que no descansan hasta convertirse en su propio obstáculo”, ironizó.
Otro de los puntos del veto presidencial fue el impacto social de las apuestas. El gobierno citó un estudio del Ministerio de Salud, que no fue publicado, según el cual el 32 por ciento de los casos de juego problemático afecta a adolescentes. Para Fonseca, este tipo de justificaciones carece de seriedad técnica.
“Citar un estudio no publicado para justificar un veto es como pedir que creamos en unicornios. Esto es más un discurso paternalista y mal informado que una política pública coherente. El Estado tiene los mecanismos para actuar, pero no los utiliza. Solo los invoca cuando necesita justificar más impuestos”, dijo.
Y remató: “Se restringe el derecho de los adultos a decidir cómo usar su dinero”.
El Congreso tiene la última palabra
Con el veto ya oficializado, el Congreso debe decidir si insiste con el texto original (lo que requerirá mayoría calificada), si acepta las observaciones del Ejecutivo o si archiva el proyecto. Fonseca se inclinó por la primera opción y consideró que sería una victoria técnica, política y constitucional.
“La ley propuesta por el Congreso es claramente mejor. Insistir en ella evita litigios, brinda seguridad jurídica y garantiza una recaudación más justa. Es uno de esos raros casos donde todos ganan. Solo hace falta el coraje para sostener lo correcto”, concluyó.
