Al comienzo de la pandemia y del nuevo Gobierno uruguayo comandado por el presidente Luis Lacalle Pou, se desarrolló un proyecto para incentivar al turismo y encontrar nuevas fuentes de ingresos para el Estado y las empresas locales. Así fue como nació la propuesta de convertir a la ciudad de Atlántida en “la nueva Punta del Este”.
Sin embargo, un reclamo de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado podría retrasar la construcción de los nuevos centros turísticos, que incluyen un lujoso hotel casino, un puerto, una zona deportiva y una terminal marítima.
Bajo un proyecto elaborado por el diputado nacionalista Alfonso Lereté, el ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso; el subsecretario, Remo Monzeglio, operadores hoteleros y funcionarios del departamento de Canelones y del Gobierno Nacional, crearon un Comité de Trabajo específico.
Una vez que se avance en la materia, el Gobierno abriría el llamado internacional para la licitación del casino. Como respuesta a esto, los representantes de Casinos del Estado se opusieron a esta resolución y aseguraron que “nuestro sistema jurídico en materia de juego se apoya en la siguiente trilogía: la ilegalidad del juego por parte de los privados como principio general, la presencia central del Estado en la explotación directa y, el marco conceptual o de principios en que se apoya, visión crítica del juego, su control y limitación a su expansión”.
Y detallaron: “En la ciudad de Atlántida ya se encuentra un casino de larga data administrado y explotado por Casinos del Estado, considerado uno de los mejores salones de slots en el mundo y reconocido como uno de los casinos más importantes de la región, por la excelencia en su trabajo, galardonado con la Estrella de Platino a la calidad 1999”.
La competencia que traerá el nuevo casino, que estaría operado íntegramente por privados, no solo afectaría los ingresos de la competencia, sino que no se correspondería con lo que permite la ley en Uruguay, según argumentaron.
“La Dirección General de Casinos no ha tenido información formal respecto a esta licitación por más que sea el organismo estatal que regula, controla, fiscaliza y en la mayoría de los casos explota esta actividad, sino que ha sido manejado solo por el Ministerio de Turismo. Por lo anteriormente señalado, se determina que la instalación y explotación de Casinos en manos de privados debe ser concedida por Ley, no estando reglamentada ni permitida salvo excepciones”, concluyeron.
Por ahora, no habido respuesta por parte del Gobierno para analizar los pasos a seguir con el desarrollo turístico de Canelones, donde se ubica la ciudad costera de Atlántida.
