El organismo regulador del juego en Chile, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) atraviesa un período de incertidumbre institucional, ya que desde hace seis meses no cuenta con un director titular.
Además, el pasado mayo, el jefe de la división de Autorizaciones finalizó su mandato, sumando una vacante adicional en la estructura operativa del ente fiscalizador. A esta situación se suma la próxima salida del representante del departamento Jurídico, prevista para septiembre, lo que profundiza la falta de definiciones en puestos estratégicos para la toma de decisiones del organismo.
La ausencia de un director titular y la sucesión de cargos sin reemplazo se producen en un momento crítico para la SCJ, que tiene a su cargo la supervisión de la industria de casinos en el país y la conducción de procesos de licitación clave, como los de Viña del Mar, Coquimbo, Iquique y Pucón, que han generado controversias y consultas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Asimismo, la acumulación de cargos clave sin cubrir plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la Superintendencia para llevar adelante su agenda regulatoria.
Fuentes del sector han señalado que la incertidumbre generada por la falta de liderazgo podría afectar la continuidad de los procesos en curso y la tramitación de las decisiones pendientes, especialmente en un contexto donde la industria del juego se encuentra en pleno debate sobre su regulación.
Últimas novedades de la SCJ
En paralelo, la SCJ y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitieron la Circular Conjunta N°63, que actualiza la normativa aplicable a los 25 casinos de juego de Chile en materia de prevención del lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La iniciativa busca fortalecer el marco regulatorio vigente y adecuarlo a los estándares establecidos por la Circular N°62 de la UAF, incorporando requerimientos de la industria y precisando conceptos para facilitar su aplicación.
Entre las principales innovaciones de esta circular conjunta se destacan la incorporación de un enfoque basado en riesgos alineado con los estándares internacionales, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención mediante mayores exigencias para el análisis y reporte de operaciones sospechosas, y la implementación de medidas de debida diligencia diferenciadas según el nivel de riesgo de los clientes.
La nueva normativa también fortalece la gobernanza interna mediante la creación de un Comité de Prevención y nuevas exigencias para el Oficial de Cumplimiento, y actualiza las obligaciones relativas a los registros, las Personas Expuestas Políticamente (PEP), los manuales de prevención y la capacitación del personal.
La SCJ de Chile acumula seis meses sin director y afronta nuevos cambios en las próximas semanas
