Los trabajadores del Casino Nogaró, ubicado en la ciudad turística de Punta del Este, se movilizaron a fines de la semana pasada en reclamo de sus puestos laborales tras el cierre definitivo del establecimiento.
En el mismo municipio de Maldonado, pero en la ciudad de San Carlos, el presidente de la república Luis Lacalle Pou asistió a la asunción del nuevo alcalde, Carlos Pereyra, donde se encontró con el reclamo de los trabajadores del casino.
Allí, el presidente uruguayo declaró: “Estoy trabajando en el tema. La semana que viene se resuelve”. De esta forma, se espera que en los próximos días se anuncie lo que sucederá con el casino, que atraviesa una controversial pelea judicial entre los dos operadores: por un lado, la Dirección General de Casinos (DGC) y, por otro, la empresa privada Vidaplan.
Mientras avanza el caso en la Justicia, los empleados están cobrando el sueldo mínimo de, aproximadamente, 18.000 pesos (421 dólares) y podrían ser trasladados a otras ciudades para conservar sus puestos laborales en otros casinos.
Disputa entre operadores del casino
A fines de octubre, Luigi Pierto Taliento, representante de Vidaplan en Uruguay, quedó imputado por la Fiscalía de Maldonado, bajo el cargo de “justicia por mano propia”, tras incumplir con el pedido del Gobierno de reabrir todas las salas de juego del país, incluyendo al casino Nogaró de Punta del Este.
En 2010, la DGC firmó un acuerdo con Vidaplan para operar en conjunto el casino por 15 años. A fines de 2019, la empresa denunció a la DGC por “daños y perjuicios”, ya que el organismo regulador habría permitido “la competencia desleal en la ciudad”.
Según explicaron, el contrato de operación conjunta incluía la condición de que se cerrara la sala de juegos de Punta Shopping, aunque esto no sucedió, y además se permitió la expansión de dicha sala, que es operada exclusivamente por el Estado uruguayo.
La compañía había propuesto la rescisión del contrato y la correspondiente indemnización por parte de las autoridades. Sin embargo, el cambio de gobierno en Uruguay dilató la negociación y Vidaplan S.A. decidió abandonar la operación del casino. Así, informó meses atrás que el casino no volvería a abrir sus puertas.
Con la reactivación de la industria y el comercio nacional tras meses de restricciones por el coronavirus, el Gobierno determinó que se reabrieran los casinos. Por su parte, “el imputado comunicó a los empleados de Vidaplan S.A. que el casino no iba a abrir, que no se cumplirían con los servicios periféricos (seguridad, limpieza, mantenimiento, vigilancia) y que no se le permitiría el ingreso a los funcionarios de la DGC. En efecto, se dispuso la permanencia de personal de vigilancia en la entrada que impedía el ingreso de los funcionarios de la DGC a desempeñar su función”, relató la Fiscalía local.
