Luego de la audiencia de ayer ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde declaró el ex titular de la Lotería Nacional de República Dominicana, Luis Maisichell Dicent, se estima que hoy se daría el término del juicio y se conocería la sentencia final.
Además de pedir 12 años de prisión para Dicent, el Ministerio Público también solicitó entre 10, 8 y 5 años de prisión para el resto de los acusados, que formaban parte del plantel de funcionarios de la Lotería.
Actualmente, Dicent está acusado de haber organizado, junto con otros diez imputados, un sorteo fraudulento el 1 de mayo de 2021, donde resultó ganador el número 13, dándole el nombre al caso como “Operación 13”.
Después de la sesión de ayer, seis de los imputados que llegaron a un acuerdo —Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Miguel Mejía y Rafael Mesa— y se vieron beneficiados por una condena de 5 años de prisión bajo la modalidad suspendida, pidieron que sea reducida a tres años.
En este orden, “el imputado Miguel Mejía (no vidente) y Rafael Mesa, solicitaron un perdón judicial alegando su poca participación”. Paralelamente, se pidió 10 años para William Rosario Ortiz y 8 años para Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta.
Mientras tanto, la Justicia dominicana lleva a cabo una investigación para encontrar “al prófugo Leónidas Medina Arvelo Nazaret, quien fue declarado en rebeldía a solicitud del Ministerio Público”.
Declaración de Dicent en el juicio de la Lotería Nacional
Una de las frases más destacadas de la declaración del ex administrador ayer (22 de febrero) ha sido: “Encontré la Lotería con cero centavos y la dejé con más de 320 millones de pesos y 100 millones por transferencia. Más de 14 carros cero kilómetros, y yo no tengo un carro para moverme. Mis cuentas están todas en cero”.
“Van a tener que demostrarme que yo pagué un peso. Fueron al Palacio y le dijeron al Presidente que yo salí en un video, que pagué dinero de soborno, que salí en un audio y que yo me reuní con esa gente”, había asegurado.
Ante esto, el abogado defensor José Bernechea dijo que solicitó al tribunal la absolución “en virtud de que no hay elementos de pruebas que involucre”.
Por su parte, la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respondió que “continuaremos entonces con los alegatos de las distintas defensas para ya dar término a este proceso”.
Además, informó que ya han avanzado “con la participación de todos los querellantes, quienes, además de adherirse en la parte penal a las penas solicitadas por el Ministerio Público, han presentado y han probado al tribunal por qué son merecedores de indemnizaciones civiles por los daños que le han ocasionado”.
“El Ministerio Público sigue firme, porque ni las pruebas, ni mucho menos los alegatos aportados por las defensas, han destruido mínimamente la contundencia de la acusación que el Ministerio Público ha presentado y ha probado en este tribunal en contra de cada de los acusados”, respondió la procuradora Ortiz.
Para llegar a este pedido, se revisaron 200 elementos probatorios, incluyendo documentos y pruebas materiales y periciales, al igual que 26 pruebas testimoniales que “vinculan a los acusados a este proceso”, que está siendo abordado por las juezas Claribel Nivar, Yissel Soto y Katherine Rubio desde que reinicio el juicio el pasado 15 de febrero.
Durante la audiencia, el Equipo de Recuperación de Patrimonio del Estado Público (ERPP) también solicitó una “indemnización de 600 millones” de pesos dominicanos, ya que “con el fraude se empaña la imagen internacional de la República Dominicana”. Asimismo, los fiscales pidieron ordenar el decomiso de los bienes ocupados en el proceso.
