En República Dominicana avanza el tratamiento de un proyecto de ley que propone la creación de la Dirección General de Juegos, un nuevo organismo destinado a reorganizar, regular y fiscalizar la industria del juego y las apuestas en el país.
El proceso es coordinado por Teófilo “Quico” Tabar, administrador de la Lotería Nacional de República Dominicana, quien días atrás explicó que, de aprobarse la iniciativa, la futura Dirección General de Juegos “propondrá una revisión exhaustiva de las decisiones adoptadas al margen de los decretos que rigen el proceso de regularización”.
En este contexto, dos de las entidades que respaldan la creación del nuevo organismo son la Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade) y la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (Adobad).
No obstante, ambas asociaciones expresaron su preocupación por las modificaciones incorporadas al proyecto durante su tratamiento legislativo. A su entender, esos cambios derivarían en un esquema regulatorio menos efectivo y favorecerían una mayor expansión de la industria del juego, con consecuencias para la competencia dentro del sector.
Entre sus principales cuestionamientos, Asonabade y Adobad apuntaron contra la Comisión Hípica Nacional. Según sostuvieron, tras la entrada en vigor de la Ley 494-06, el organismo habría asumido funciones que, desde su perspectiva, corresponden al Ministerio de Hacienda en materia de autorización de operaciones de juegos de azar.
Asimismo, afirmaron que la Comisión Hípica habría otorgado más de 70 mil licencias para juegos hípicos virtuales y advirtieron que, si el proyecto es aprobado en su redacción actual, la cantidad de puntos de operación podría incrementarse aún más.
Ante este escenario, ambas asociaciones solicitaron a la comisión del Senado encargada de analizar la iniciativa que revise el texto del proyecto con el objetivo de garantizar un marco regulatorio que preserve la transparencia y la seguridad jurídica.
Sin embargo, la Comisión Hípica Nacional rechazó las acusaciones y cuestionamientos formulados por ambas entidades. Su presidente, Francisco Pavonessa Grullón, desmintió los señalamientos y defendió la actuación del organismo a través de un comunicado oficial.
República Dominicana: la Comisión Hípica Nacional responde a los cuestionamientos de Asonabade y Adobad
Con un comunicado oficial, la Comisión Hípica Nacional rechazó las acusaciones de Asonabade y Adobad y aseguró que sus afirmaciones “carecen de fundamento y no se corresponden con la realidad”. Además, sostuvo que todas sus actuaciones se encuentran respaldadas por el marco jurídico vigente y afirmó que las facultades para otorgar licencias vinculadas a los juegos hípicos virtuales fueron establecidas por los reglamentos hípicos y posteriormente reforzadas mediante el Decreto 480-19.
En respuesta a uno de los principales cuestionamientos, la Comisión aseguró que es “completamente falso” que haya expedido más de 70 mil licencias hípicas. Según precisó, a lo largo de toda su historia institucional emitió 29.100 licencias para la operación de juegos hípicos virtuales, sobre un total de más de 60 mil solicitudes recibidas, una cifra que, según el organismo, “dista considerablemente” de la difundida por las asociaciones.
La entidad también remarcó que la gran mayoría de las agencias hípicas operan en establecimientos que ya cuentan con licencias de juegos de azar otorgadas por el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, rechazó haber contribuido a un crecimiento “descontrolado” de la actividad en el país y sostuvo que ha priorizado el funcionamiento de estas agencias en locales preexistentes como “parte de una política orientada a disminuir la operación de estos juegos en la clandestinidad”, con el objetivo de fortalecer el control estatal e incrementar la recaudación pública.
Por último, la Comisión afirmó que varios de los operadores que hoy cuestionan su actuación comercializan juegos hípicos virtuales “sin contar con una licencia expedida por esta institución”. Asimismo, manifestó su respaldo al proyecto de Ley de Juegos de Azar que analiza el Congreso Nacional, al considerar que dotará al Estado “herramientas más eficaces para fortalecer la supervisión, combatir la ilegalidad y aumentar la recaudación”.
