Tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana, los operadores del sector deben iniciar un proceso de transformación ante las exigencias tecnológicas y de cumplimiento del nuevo marco regulatorio, advirtió Yamile Aismel Gutiérrez Figuereo, socia fundadora de G&G Studio Legal y especialista en la industria del juego.
A la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, Gutiérrez señaló los aspectos clave que los operadores deben evaluar desde ya: nace la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como ente autónomo de fiscalización y los operadores actuales tendrán un año para regularizarse, actualizar documentos y conectar sus plataformas tecnológicas.
Además, las loterías electrónicas con contratos estatales deberán sustituirlos por una nueva licencia en el mismo plazo de un año, se exigirá estricto control sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales y el juego online requerirá estrictos licenciamientos y controles contra operaciones no autorizadas.
En cuanto a la vigencia de las licencias, la abogada señaló que serán de 3 años para bingos, 5 años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas y 10 años para casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por internet.
Para el orden del juego responsable, se imponen medidas de protección a menores y prevención de conductas problemáticas, incluyendo avisos obligatorios en los establecimientos.
“Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa”, indicó la especialista.
El régimen sancionador constituye uno de los cambios que mayor atención debe generar entre los operadores. Ya no se trata únicamente de obtener una licencia, sino de mantener durante toda su vigencia un nivel permanente de cumplimiento, recordando que el nuevo marco contempla un severo régimen sancionador que va desde multas administrativas hasta penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en caso de incumplimiento.
“No habrá verdadera transformación mientras cumplir la ley resulte más costoso que incumplirla. Quien cumple, opera; quien incumple, enfrenta consecuencias”, agregó Gutiérrez.
Un marco regulatorio que quedó atrás frente a la industria
La iniciativa llega en un contexto de fuerte crecimiento de la industria y con un mercado que, según los fundamentos del proyecto, cuenta con más de 71 mil bancas de lotería y apuestas deportivas registradas.
La socia fundadora de G&G Studio Legal concedió, hace dos semanas, una entrevista a SBC Noticias para contar que la reforma representa una oportunidad para modernizar el sector.
Para la abogada, el objetivo no debería limitarse a incrementar los controles sobre los operadores legales, sino también a fortalecer la lucha contra el mercado ilegal y garantizar seguridad jurídica, proporcionalidad y condiciones de competencia.
Gutiérrez Figuereo sostuvo que República Dominicana necesita una actualización integral de su regulación porque la evolución tecnológica y comercial del sector superó el marco normativo existente.
“La industria evolucionó mucho más rápido que nuestra legislación”, señaló la especialista, al destacar que actualmente el mercado incorpora elementos que hace algunos años tenían una relevancia mucho menor, como los juegos de azar por internet, las plataformas tecnológicas, los medios de pago digitales, el juego responsable y las herramientas de prevención del lavado de activos.
En ese sentido, explicó que modernizar la normativa no debería consistir únicamente en sumar nuevas obligaciones para los operadores. A su criterio, el proceso también debe servir para establecer reglas claras, fortalecer la supervisión y proteger a los jugadores, sin dejar de ofrecer seguridad jurídica a las empresas que operan dentro del marco legal.
“Modernizar no significa únicamente incorporar nuevas obligaciones; significa crear reglas claras, fortalecer la supervisión, proteger al jugador y, al mismo tiempo, garantizar seguridad jurídica y condiciones que permitan que los operadores regulados sean competitivos y sostenibles”, afirmó.
Entre los principales cambios que identifica en el proyecto se encuentra la creación de una nueva estructura regulatoria, encabezada por la Dirección General de Juegos de Azar y el Consejo de Juegos de Azar, organismos que contarían con mayores facultades de regulación, supervisión y fiscalización.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de los juegos de azar por internet dentro de una ley. Actualmente, esta actividad cuenta con una regulación específica mediante la Resolución Número 136-2024, pero la propuesta legislativa busca elevar sus principales disposiciones al ámbito legal.
De acuerdo con Gutiérrez Figuereo, el proyecto establece que los juegos por internet solamente podrán ser operados por personas jurídicas debidamente licenciadas y contempla una vigencia de diez años para estas licencias. Asimismo, mantiene un impuesto mensual del 10 por ciento sobre la base de las operaciones realizadas por internet.
