Publicada el viernes 25, la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026 prohibió la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas de cuota fija en Brasil, y ordenó la extinción de las autorizaciones concedidas a los operadores del mercado regulado.
En una nueva colaboración para la columna Rincón Jurídico de SBC Notícias Brasil, Joberto Porto, director jurídico (CLO) de CDA Gaming —grupo responsable de las marcas Casa de Apostas y Betsul—, analiza las consecuencias jurídicas del cambio y los posibles efectos de la ruptura del modelo regulatorio estructurado por el propio Estado en los últimos años.
Rincón Jurídico: La prohibición de las apuestas y el precio de la ruptura regulatoria
La Medida Provisional n.º 1.394 no supuso un simple ajuste en el mercado de las apuestas. Rompió, en un plazo excepcionalmente breve, un modelo regulatorio que el propio Estado había estructurado sobre la base de autorizaciones concedidas por cinco años, inversiones privadas significativas y el pago de licencias por valor de 30 millones de reales.
El Estado puede modificar las políticas públicas. Ningún agente económico tiene un derecho adquirido a la inmutabilidad de un determinado régimen regulatorio.
La discusión comienza tras esta constatación.
¿Puede el Estado crear un mercado, definir las condiciones para su funcionamiento, cobrar por la autorización, exigir inversiones, fomentar relaciones económicas a largo plazo y, poco tiempo después, suprimir la actividad como si toda esa trayectoria previa no hubiera generado consecuencias?
Durante años, Brasil construyó un sistema basado en certificaciones, integridad, prevención del blanqueo de capitales, identificación de apostadores, juego responsable, integración tecnológica y fiscalización permanente. Las empresas obtuvieron autorizaciones, contrataron trabajadores, estructuraron operaciones y celebraron contratos bajo estas premisas.
Ahora, la Medida Provisional ordena la retirada de las plataformas en pocos días y la extinción de las autorizaciones en 30 días. Más aún, pretende excluir tanto la restitución proporcional del coste de la licencia como cualquier indemnización por parte del poder público.
Es en este punto donde la seguridad jurídica, la protección de la confianza y la buena fe objetiva dejan de ser conceptos abstractos.
El Estado puede cambiar de rumbo. Lo que no parece jurídicamente sencillo es actuar como si su propia conducta anterior no hubiera generado expectativas legítimas, propiciado inversiones y estimulado relaciones jurídicas duraderas.
Las consecuencias trascienden a las empresas de apuestas
En torno al mercado regulado se ha formado una cadena que abarca tecnología, certificación, medios de pago, publicidad, medios de comunicación, producción audiovisual, gestión de datos, servicios especializados y miles de trabajadores. En el ámbito deportivo, y especialmente en el fútbol, los contratos de patrocinio han pasado a formar parte de la estructura financiera de clubes y competiciones. En el ámbito del entretenimiento, estos recursos llegaron a festivales, espectáculos, el Carnaval y otras manifestaciones culturales.
La prohibición no elimina estas relaciones por arte de magia
Cientos de contratos deberán renegociarse o rescindirse. Surgirán debates sobre multas, imposibilidad sobrevenida, fuerza mayor, revisión contractual y distribución de riesgos. Los clubes necesitarán recomponer sus ingresos. Los eventos buscarán nuevos patrocinadores. Los proveedores perderán contratos suscritos con una perspectiva plurianual.
Se trata de relaciones nacidas bajo una legislación vigente
El acto jurídico perfecto no congela para siempre los efectos futuros de contratos o autorizaciones. Pero tampoco permite tratar los contratos celebrados, las contraprestaciones pagadas y las obligaciones asumidas como si nunca hubieran existido.
La ley puede modificar el futuro.
No reescribe el pasado.
También está el consumidor. Abordar el juego problemático y el sobreendeudamiento es indispensable. Ninguna defensa seria del mercado regulado puede ignorar a las personas que han perdido el control sobre el juego.
Sin embargo, etiquetar a todo apostador como dependiente genera otra distorsión.
Existen adultos que apuestan ocasionalmente y dentro de sus límites financieros, como forma de entretenimiento. Para estas personas, la prohibición también elimina una actividad lícita que se venía ejerciendo en un entorno supervisado.
La experiencia internacional demuestra que la protección al jugador y el mercado regulado no son conceptos incompatibles. Los países con una larga tradición en este sector mantienen operadores autorizados al tiempo que restringen la publicidad, imponen mecanismos de autoexclusión, protegen a grupos vulnerables y combaten el juego clandestino.
Existe una razón para ello. La prohibición del operador autorizado no elimina necesariamente el deseo de apostar. La demanda puede desplazarse.
Y el consumidor que abandona un entorno regulado puede ingresar en otro carente de segregación financiera, mecanismos de juego responsable, canales de reclamo o cualquier compromiso con las autoridades brasileñas.
El operador autorizado puede ser fiscalizado.
El operador clandestino no consulta el SIGAP.
Este aspecto debe considerarse también desde la perspectiva de la proporcionalidad. Entre la permisividad y la prohibición total existen instrumentos regulatorios capaces de actuar sobre riesgos específicos sin necesidad de eliminar la actividad para todos.
Desde el punto de vista jurídico, el sector debe actuar incluso antes de conocer el desenlace definitivo de la Medida Provisional (MP).
Cada operador deberá conservar desde ya toda la documentación necesaria para reconstruir económicamente su operación. Los pagos por la licencia, certificaciones, inversiones tecnológicas, gastos de cumplimiento normativo, contratos, patrocinios, obligaciones laborales, indemnizaciones por rescisión, inversiones aún no amortizadas y costos de desmantelamiento serán fundamentales en una eventual disputa patrimonial.
La generación de pruebas comienza ahora
También será necesario revisar individualmente cada contrato afectado. La MP no producirá los mismos efectos en todas las relaciones privadas. Existen diferentes matrices de riesgo, cláusulas específicas y situaciones en las que la imposibilidad de continuar requerirá soluciones distintas.
La reacción judicial también exige una estrategia
El control concentrado de la Medida Provisional (MP) podría llegar al Supremo Tribunal Federal a través de los legitimados constitucionales. Para los operadores afectados individualmente, las acciones contra la Unión pueden cuestionar los efectos concretos de la extinción sobre autorizaciones específicas y buscar medidas cautelares de urgencia.
El recurso de amparo requiere cautela. La experiencia derivada de la prohibición de los bingos demostró los riesgos de utilizarlo directamente contra una norma de carácter general y abstracto. Su planteamiento tiende a ser más sólido cuando existe un acto administrativo concreto de ejecución dirigido al operador.
Existe, además, una cuestión que persistirá incluso si se declara constitucional la prohibición.
¿Quién paga la ruptura?
La previsión de que no habrá indemnización no zanja, por sí sola, el debate sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.
Esto no significa que toda pérdida económica sea indemnizable. Los beneficios futuros requerirán una prueba rigurosa. Una expectativa empresarial no equivale automáticamente a un derecho adquirido.
Sin embargo, una concesión pagada por adelantado y aún no amortizada, las inversiones realizadas específicamente para cumplir con exigencias regulatorias y los costes directamente derivados del cierre forzoso tienen una naturaleza distinta a la de una mera expectativa de rentabilidad.
La Medida Provisional puede poner fin a las autorizaciones.
No puede borrar los contratos firmados, las inversiones realizadas, la confianza construida ni las consecuencias jurídicas de la decisión estatal que alteró, de forma abrupta, las propias reglas del juego.
