La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), dos de las mayores entidades del sector regulado de apuestas de Brasil, acudieron al Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar suspender los efectos de la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026, que prohibió la explotación de apuestas de cuota fija en el país.
Ambas entidades presentaron una manifestación ante el ministro Luiz Fux, relator de las Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADI) 7.721, 7.723 y 7.749, tres procesos que ya debaten la constitucionalidad del marco regulatorio de las apuestas. La ANJL y el IBJR participan en estas acciones como amici curiae.
El pedido principal es que el STF suspenda íntegramente la MP firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hasta que el Congreso Nacional decida si la medida se convertirá en ley o hasta que la Corte juzgue el fondo de la discusión. Con esto, los operadores previamente autorizados podrían reanudar sus actividades.
Además de la manifestación conjunta, la ANJL informó al STF que interpondría una nueva demanda contra la medida provisional, acompañada de un pedido para que la Corte reconozca la constitucionalidad del marco regulatorio establecido por las Leyes n.º 13.756/2018 y n.º 14.790/2023.
En caso de que el STF no suspenda la MP, las entidades piden que la prohibición quede sin efecto al menos para los operadores actualmente autorizados por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF). Como última alternativa, solicitan un plazo mínimo de seis meses para discontinuar las operaciones, en lugar del cronograma previsto por el gobierno.
La medida provisional determina, entre otras cosas, la extinción de las autorizaciones después de 30 días y obliga a las plataformas a deshabilitar sus sitios web y aplicaciones para el 6 de octubre. Desde su publicación el viernes 25, los operadores también tienen prohibido recibir nuevos depósitos.
Las entidades cuestionan la urgencia invocada para dictar la MP en Brasil
Uno de los principales argumentos de la ANJL y del IBJR es que el gobierno no habría demostrado una situación excepcional que justificara el dictado de una medida provisional, un instrumento legal que exige relevancia y urgencia.
En la manifestación enviada al STF, las entidades recuerdan que el propio Poder Ejecutivo envió al Congreso, en 2023, el proyecto que resultó en la regulación del sector. Para las asociaciones, un eventual cambio en la política pública podría ser discutido nuevamente por el Poder Legislativo sin la necesidad de interrumpir inmediatamente el mercado regulado.
El documento también utiliza datos del Sistema de Gestión de Apuestas (Sigap) para refutar la existencia de una aceleración reciente del mercado. Según cifras atribuidas a la SPA, el volumen financiero aportado en las plataformas cayó de aproximadamente 100.990 millones de reales en el primer semestre de 2025 a 88.480 millones de reales en el mismo período de 2026, lo que representa una reducción del 12,4 por ciento. Entre octubre de 2025 y junio de este año, la caída fue de aproximadamente un 42,2 por ciento.
Las entidades también alegan una violación a la seguridad jurídica. El argumento es que las empresas estructuraron sus operaciones basándose en autorizaciones concedidas por el propio gobierno, tras el pago de las licencias y el cumplimiento de exigencias regulatorias. Cada licencia costó 30 millones de reales, además de la necesidad de constituir reservas financieras y cumplir con estrictas normas de gobernanza y cumplimiento.
La ANJL y el IBJR citan el impacto fiscal y el mercado ilegal en su justificación ante el STF
Otro punto de la manifestación es la ausencia, según las entidades, de una evaluación previa sobre los efectos financieros de la prohibición en la recaudación federal y en los recursos destinados a áreas financiadas por el mercado regulado, como el deporte, el turismo y la seguridad social.
La ANJL y el IBJR sostienen que el cierre de las plataformas autorizadas podría desplazar a los apostadores hacia operadores clandestinos. Según las entidades, la prohibición no elimina necesariamente la demanda de apuestas y podría reducir la porción de la actividad sometida a las normas brasileñas de identificación de usuarios, juego responsable, prevención del lavado de dinero, tributación y atención al consumidor.
Un estudio reciente sobre el mercado de apuestas brasileño, elaborado por LCA Consultoria, estimó la participación de los operadores clandestinos entre un 38 y un 44 por ciento.
