El municipio catalán de Esplugues de Llobregat en España ha decidido frenar la instalación de nuevos establecimientos de juego tras aprobar una moratoria de un año para las licencias de bingos, casas de apuestas y casinos.
La medida, acordada en el pleno municipal del 22 de diciembre, tiene como objetivo abrir un periodo de análisis para estudiar el impacto de estos comercios y valorar la creación de una regulación urbanística propia.
Durante los próximos doce meses, el municipio no concederá permisos para la apertura o ampliación de locales de juego. Este tiempo se utilizará para elaborar un estudio detallado que evalúe la situación actual de estos establecimientos en la ciudad, con especial atención a las posibles consecuencias para la salud pública y los colectivos vulnerables.
Uno de los aspectos centrales que analizará el informe será la proximidad de estos comercios a centros educativos y espacios frecuentados por niños y jóvenes, una preocupación compartida por muchos municipios del área de Barcelona.
La suspensión contó con un amplio respaldo en el pleno, recibiendo votos a favor de PSC, ERC, PP, En Comú Podem, Junts y una concejala no adscrita, mientras que Vox se abstuvo.
Con esta decisión, Esplugues adoptó una medida similar a la que ha implementado Barcelona en los últimos años. La capital catalana fue pionera en 2021 al aprobar un Plan Especial que prohibía nuevas aperturas y establecía distancias mínimas obligatorias.
Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló en 2025 los artículos clave de ese plan por considerar que algunas restricciones carecían de una justificación jurídica suficiente.
Tras la sentencia, el Ayuntamiento de Barcelona optó por suspender inmediatamente la concesión de nuevas licencias mientras reformula su normativa.
La tendencia restrictiva en Barcelona
La moratoria en Esplugues se produce en un contexto marcado por el reciente fallo judicial contra la regulación de Barcelona.
Así, el Tribunal Supremo anuló parcialmente el Plan Especial Urbanístico de 2021 que limitaba la ubicación de estos locales, invalidando específicamente los artículos que prohibían su emplazamiento a menos de 800 metros de centros educativos y 450 metros de otros espacios sensibles.
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por la primera alcalde Laia Bonet, decidió suspender de forma inmediata y por un año la concesión de todas las licencias para evitar aperturas no deseadas en las zonas que el plan original buscaba proteger.
Bonet anunció que este plazo se utilizará para redactar y aprobar un nuevo plan con los mismos objetivos de protección a la salud pública, pero dotado de las garantías jurídicas necesarias.
