En Chile, el debate sobre la regulación del juego online se encuentra en el centro de atención. Mientras el proyecto de ley que busca establecer un sistema de licencias continúa su trámite en el Senado, la industria convive con un escenario marcado por decisiones administrativas cruzadas que han dado qué hablar.
Por un lado, la Resolución N°69 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que habilitó el cobro del IVA Digital a plataformas de juego extranjeras y que ya cuenta con 25 plataformas de juego online registradas. Y, por el otro, el reciente bloqueo de 42 dominios de plataformas ordenado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) al argumentar que estas operan por fuera de la ley vigente.
En este contexto, parte del sector comenzó a buscar una respuesta unificada con la creación de la Agrupación de iGaming Responsable (AGR), un nuevo gremio integrado por marcas como Betano, Juegalo, Novibet, Betsala y Estelarbet. De esta manera, la entidad busca acelerar la discusión legislativa y promover un marco regulatorio integral para todos los actores del sector.
A partir de esto, SBC Noticias tuvo la posibilidad de entrevistar a Sandra Kemp, directora ejecutiva de la AGR, quien analizó los motivos detrás del nacimiento de la agrupación y remarcó su postura frente al período de transición y el impacto económico proyectado para el mercado chileno. Esto, a la vez que detalló las medidas prioritarias que deberían implementarse una vez aprobada la ley para garantizar un ecosistema competitivo y seguro.
SBC Noticias: ¿Qué motivó la creación de la Agrupación iGaming Responsable y cuál consideran que será su principal aporte al desarrollo de la industria del juego online en Chile?
Sandra Kemp (S.K): La conformación de la Agrupación de iGaming Responsable responde a un diagnóstico claro de cómo es el juego online en Chile y en el mundo. En ese sentido, hay un mercado existente y una necesidad de una norma que lo regule.
Por otro lado, la ley vigente se escribió para casinos físicos el año 2005 y no contempla esta actividad ni sus características propias, y ese vacío tiene consecuencias verificables: no hay prohibición de ingreso para menores, no hay protección para los usuarios, no hay una autoridad ante la cual reclamar, no hay datos de prevalencia y no hay presupuestos orientados a la prevención del juego excesivo.
Dicho esto, la principal preocupación de AGR es que el mercado no desaparece por no regularlo; se desplaza hacia operadores que no responden ante ninguna autoridad chilena. La AGR no viene a reemplazar esa ley: su principal interés es que exista, aportando un interlocutor identificable y un estándar común vinculante desde el primer día, basados en una experiencia comparada de mercados que ya recorrieron este camino.
La vía regulatoria no consiste simplemente en establecer normas, sino en elegir entre un mercado formal que tributa y el caos. Al mantener una estrategia de bloqueo sectorial dirigida únicamente a entidades visibles y registradas, para efectos del IVA, el Estado renuncia a ingresos predecibles y fomenta el desplazamiento hacia el mercado sumergido, perjudicando así al usuario final.
Si la actual situación obliga a estos operadores serios e identificables, a retirarse, la demanda no desaparecerá; simplemente será absorbida por plataformas en la sombra que operan sin verificación de edad, políticas de juego responsable ni trazabilidad financiera. Este enfoque supone un retroceso significativo para las políticas públicas, ya que genera un vacío que, en última instancia, sólo beneficia a dos grupos: los operadores no regulados que permanecen en la clandestinidad y los actores tradicionales del mercado que buscan preservar un duopolio centenario ahogando una competencia moderna y transparente.
Nos constituimos ahora porque el proyecto está en el Senado y porque las definiciones que hacen que una regulación funcione se toman en esta etapa, no después.
Nuestro aporte principal es doble. Primero, existir como contraparte formal: operadores identificados, con principios vinculantes y con toda su gestión ante autoridades registrada conforme a la Ley de Lobby. Segundo, aportar experiencia de referencia. La Agrupación no viene a llenar el vacío regulatorio: sólo una ley puede hacerlo.
SBC Noticias: AGR reúne a operadores internacionales y locales con presencia en el mercado chileno. ¿Qué mensaje buscan transmitir a las autoridades y a la opinión pública con la creación de este nuevo gremio?
S.K: Uno solo: pedimos que el Estado nos regule y nos fiscalice.
A las autoridades les decimos que están frente a un interlocutor técnico disponible, que aporta antecedentes y no conclusiones, y que las definiciones que hacen que una regulación funcione se toman en esta etapa del debate, no después, pero sobre todo en un escenario de colaboración y enfocado primordialmente en la protección de los usuarios.
A la opinión pública le decimos que comprendemos la desconfianza hacia este sector. Por eso pedimos que se construya un sistema serio: licencias, obligaciones exigibles, auditorías y una autoridad especializada. Nuestra autorregulación es un puente, no un destino: lo que hoy hacemos por convicción debería ser mañana obligación legal, igual para todos.
SBC Noticias: Desde tu perspectiva, ¿qué falta para que Chile finalmente cuente con un marco regulatorio para el juego online y qué expectativas tienen sobre los próximos pasos legislativos?
S.K: Falta una mirada unificada, dentro del mismo Estado y sus autoridades. También es necesario tener mayor claridad, por sobre medidas que funcionan como un parche y que ralentiza soluciones de fondo para la protección de menores y otros grupos vulnerables.
Falta la decisión legislativa. El proyecto N° 14.838-03 se tramita hace más de cuatro años está en segundo trámite en el Senado y tiene origen en un mensaje presidencial; la Comisión de Economía y el Ejecutivo acordaron una mesa técnica prelegislativa. Es el avance más concreto y serio que Chile ha tenido.
Mientras esa definición no llegue, el Estado responde por partes con un fallo dividido de la Corte Suprema, medidas de bloqueo cuya efectividad la propia autoridad sectorial ha matizado y una resolución tributaria del SII. Esto, porque no existe una norma que ordene el conjunto ni un regulador especializado.
SBC Noticias: Uno de los temas más debatidos del proyecto es el tratamiento que recibirán los operadores que ya están activos en Chile, incluyendo el denominado “cooling off”. ¿Cuál es la postura de la AGR sobre este punto y qué modelo consideran que favorecería una transición exitosa hacia un mercado regulado?
S.K: Nuestra posición no es solo comercial , sino además de principios: el requisito de entrada debe ser el cumplimiento del estándar, no la fecha de llegada. Quien cumpla las exigencias que Chile defina debería poder postular a una licencia; si no las cumple, no debería estar en el mercado, incluidos nuestros integrantes.
Una exclusión retroactiva plantea un problema de igualdad ante la ley y, además, un problema práctico: penaliza a quien se identificó ante el Estado y se registró para tributar, y no alcanza a quien opera completamente fuera del radar.
El modelo que favorece una transición exitosa es un período de transición acotado, con hitos verificables y auditados por la autoridad, regularización tributaria simultánea y seguimiento paralelo del operador que no se somete a ninguna regla.
SBC Noticias: La AGR sostiene que un mercado regulado podría generar importantes beneficios económicos para Chile. Más allá de las cifras proyectadas, ¿qué impacto esperas que tenga la regulación en términos de inversión, empleo, recaudación y desarrollo de la industria?
S.K: Según H2 Gambling Capital, el mercado chileno genera un ingreso bruto del juego cercano a los 625 millones de dólares, con proyección a 1.445 millones al 2030. Hoy esa actividad ocurre sin perímetro fiscalizado.
Regular convierte un mercado informal en una industria formal: protección a los usuarios y menores, certeza jurídica que habilita inversión extranjera, empleo formal, contribución tributaria estable y financiamiento permanente para prevención y tratamiento del juego problemático.
Pero el indicador que ordena todo lo anterior es la canalización: qué proporción del juego real ocurre dentro del rango supervisado. Una carga tributaria mal calibrada no recauda más, canaliza menos. Por eso el beneficio económico no depende de la existencia de la ley, sino de su diseño.
SBC Noticias: En América Latina ya existen mercados regulados como Colombia, Perú o Brasil. ¿Qué aprendizajes creen que Chile debería tomar de esas experiencias y qué errores debería evitar?
S.K: El primer aprendizaje es que regular funciona: en esos mercados existen registros de operadores, verificación de identidad, herramientas de juego responsable, obligaciones anti lavado y datos públicos sobre el fenómeno. Nada de eso existe hoy en Chile.
El segundo es que ningún modelo se trasplanta. Chile tiene sus propias instituciones, su cultura de juego y sus preocupaciones públicas legítimas, y la ley debe construirse sobre esa realidad. Nuestro papel es aportar evidencia comparada, no conclusiones.
El error que Chile debería evitar es calibrar el régimen fiscal y publicitario sin medir su efecto sobre la canalización. Por eso proponemos una cláusula de evaluación periódica: que el regulador publique canalización, prevalencia de juego problemático y uso de las herramientas de protección, y que la calibración se ajuste según esos datos.
SBC Noticias: La asociación ya anunció que trabajará junto con otras entidades del sector, como APAL y AgruGaming. ¿Cómo imaginas esa coordinación y cuáles serán las principales prioridades comunes de cara al debate regulatorio?
S.K: La AGR está disponible para converger con cualquier actor que comparta el objetivo de una regulación moderna y exigente, y lo hará por las vías formales y públicas que correspondan.
Nuestra prioridad común natural es acotada y verificable: protección de menores mediante verificación obligatoria de identidad y edad, un registro nacional único de autoexclusión operado por el Estado, un estándar único de publicidad y trazabilidad financiera completa.
Lo que no vamos a hacer es diluir el estándar para ampliar el acuerdo. Nuestros principios son condiciones de pertenencia, vinculantes desde el primer día e independientes de que la ley se apruebe o no.
SBC Noticias: Si el proyecto de ley se aprobara en el corto plazo, ¿cuáles crees que deberían ser las primeras medidas para garantizar una implementación efectiva del nuevo sistema y construir un mercado competitivo y seguro?
S.K: Primero, constituir el regulador con facultades reales de fiscalización y sanción, y publicar el registro de operadores autorizados. Sin ese registro, ningún intermediario (plataformas digitales, medios, procesadores de pago, proveedores de internet, clubes deportivos), tiene contra qué verificar a quién puede prestar servicio.
Segundo, poner en marcha las protecciones de entrada y salida: verificación obligatoria de identidad y edad contra fuentes oficiales, y el registro nacional único de autoexclusión, integrado con los casinos físicos.
Tercero, activar simultáneamente la medición y el seguimiento: publicación periódica de canalización y prevalencia, y fiscalización efectiva del operador que decide no licenciarse. Un régimen que solo obliga a quien acepta obligarse no ordena el mercado.
