El ente regulador del juego en Costa Rica, la Junta de Protección Social (JPS) volvió a insistir contra el mercado ilegal de lotería en el país. Durante una presentación ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la presidenta ejecutiva, Mariela Vargas Zúñiga, y la asesoría legal de la institución pidieron a los diputados dar impulso al proyecto de ley que endurece las sanciones contra la comercialización no autorizada de juegos de azar, apuestas deportivas y rifas electrónicas.
Se trata del expediente 25.057, una iniciativa respaldada por doce legisladores que busca reformar integralmente la Ley de Loterías —vigente desde 1952— para adaptarla a los nuevos modelos delictivos, incluidos aquellos de origen tecnológico.
La propuesta contempla penas de dos a seis años de prisión para quienes organicen o administren redes dedicadas a la venta de lotería ilegal, así como multas de hasta diez salarios base para quienes participen como comercializadores sin autorización.
“El plan establece un marco normativo claro para enfrentar las operaciones ilegales, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al lavado de dinero y a prácticas de corrupción. Con esta ley se pretende cerrar las brechas que han permitido la proliferación de negocios ilícitos y reforzar la capacidad reguladora del Estado en un sector especialmente vulnerable”, expuso la JPS durante su intervención ante los diputados.
La presidenta ejecutiva de la institución subrayó el impacto económico que la falta de regulación ha tenido sobre las finanzas públicas. Según sus estimaciones, la venta ilegal de lotería representa una pérdida de más del 50 por ciento de los ingresos potenciales de la JPS, fondos que deberían destinarse a programas sociales y de salud.
“Todos esos dineros están en la ilegalidad y no podemos percibir esos recursos. Nosotros no queremos ser un monopolio”, enfatizó Vargas.
Por su parte, Marcela Sánchez, asesora legal de la Junta, recordó que la legislación actual “no responde a la realidad tecnológica ni al alcance de las redes criminales contemporáneas”. Además, lamentó que en legislaturas anteriores “no se haya dado prioridad” a una reforma que considera urgente para enfrentar los desafíos del mercado clandestino.
Entre los diputados impulsores del proyecto se encuentra Gilbert Jiménez, quien defendió la iniciativa por su carácter social: “La Junta de Protección Social es clave para financiar programas de ayuda social y salud. Pero hoy, más del 50 por ciento del mercado está en manos de productos ilegales. Este proyecto no solo combate ese flagelo, sino que protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”.
El expediente 25.057 continuará su trámite en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde aún podrían incorporarse ajustes antes de su eventual envío al Plenario para votación en primer debate.
La JPS ya se había pronunciado contra las loterías ilegales
La institución ya había impulsado sin éxito dos intentos previos para modernizar la ley y sancionar con mayor severidad la venta de lotería ilegal, un negocio que mueve cientos de miles de millones de colones fuera del control estatal.
En 2023, la entonces presidenta ejecutiva Esmeralda Britton advirtió que el país enfrentaba un mercado “abiertamente ilegal” contra el cual la Junta competía “con las manos amarradas”. La situación se hizo más visible tras la operación “Tómbola”, un proceso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con 24 allanamientos en distintas provincias por presunto lavado de dinero ligado a tramos de lotería no regulada.
“¿Quién podría oponerse a fortalecer a la Junta para que esos 300 mil millones de colones que hoy mueve la ilegalidad pasen a financiar el bien social? Negarse sería una vergüenza”, expresó Britton en aquel momento.
